LA DESFINANCIACIÒN DE LA EDUCAIÓN: UN PROBLEMA POLÌTICO.

Por: Valmiro Rangel Rangel

La promulgación de la Constitución del 91 fue un gran avance para el pueblo colombiano. Este se reflejó al considerar a la educación y la salud como derechos fundamentales. En esta constitución, en sus artículos 356 y 357, reglamentados por la Ley 60 de 1993, se establecieron las participaciones de los departamentos y los distritos especiales en el Situado Fiscal y la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación (PICN). De acuerdo con la Ley 60, el Situado Fiscal era el 24,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación y la PICN era el 22%, de lo que se concluye que se tenía en total un 46,5% de los ICN’ (Ingresos Corrientes de la Nación).
Esta dicha llegó hasta el año 2001 con el gobierno de Andrés Pastrana, cuando se reformaron los Artículos 356 y 357 de la Constitución por medio del Acto Legislativo 01 de 2001. Con este acto desaparecieron estas dos bolsas y se creó una sola llamada Sistema General de Participaciones (SGP) con la inclusión del FEC (Fondo de Compensación Educativo).
En esta reforma se estableció que las transferencias incrementarían de acuerdo con el promedio del crecimiento de los Ingresos Corrientes de la Nación de los últimos 4 años, después del período de transición (2002-2008). Las transferencias crecerían en el período 2002-2005 inflación más 2% y en el período 2006-2008 inflación más 2,5%. Así mismo, estableció un crecimiento adicional de las transferencias cuando la economía creciera por encima del 4%.
Como era de esperarse esta fórmula resultó altamente deficitaria y fue así como se inició peligrosamente la desfinanciación de la educación.
La crisis de la educación se agudizó con la promulgación del acto legislativo 04 de 2007 del gobierno de Álvaro Uribe, que disminuyó drásticamente los porcentajes correspondientes al SGP. Con este, el Sistema General de Participaciones es recortado en proporciones más significativas que en los periodos anteriores. La evolución de dicho crecimiento adicional sería así: en los años 2008 y 2009 de uno punto tres por ciento (1.3%), en el año 2010 de uno punto seis por ciento (1.6%), y durante los años 2011 a 2016 de uno punto ocho por ciento (1.8%).
El Gobierno de Juan Manuel Santos, lejos de subsanar ese déficit creciente, pretende nuevas metas como: “Colombia la más educada”; jornada única, ser pilo paga, el PTA…, con los mismos recursos.
Lo que está en juego en los sempiternos paros del magisterio, no es solamente su precario salario, sino el desfinanciamiento de la educación pública; que ha sido sistemática en los últimos cuatro gobiernos (2001-2017), que a la fecha de hoy la tiene al borde del colapso, pues según el comunicado de FECODE, publicado el 24 de septiembre de 2017, por obra y gracia de los actos legislativos mencionados, el sector educativo dejó de percibir 73 billones de pesos. El presupuesto asignado ese año es de 33.907 billones de pesos esto es insuficiente; puesto que existe un déficit significativo que ha venido deteriorando a este derecho fundamental. Para “tapar ese hueco”, se requiere presentar un proyecto serio de ley de adición presupuestal, que supere los 36 billones de pesos y además agregarle los recursos, que sean necesarios, de la lesiva Reforma tributaria.
Espero que FECODE y los sindicatos regionales, saquen como conclusión que hay que hacerle un llamado fervoroso al magisterio para que vote masivamente por los candidatos demócratas alternativos a Senado y Cámara en las elecciones de marzo de 2018 y en las presidenciales de mayo; porque son los presidentes quienes presentan los actos legislativos y son los parlamentarios quienes aprueban esas leyes en beneficio o en contra de los intereses populares.
Hacer lobbies con la plutocracia neoliberal que nos gobierna, con una amplia mayoría en el congreso, son puros cantos de sirena. Pues no habrá ninguna reforma al SGP, mientras ostenten la mayoría parlamentaria.

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